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Juzgado frena obras del polémico Tramo 5 del Tren Maya

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Ante el “peligro inminente” de que se provoquen daños irreversibles a cavernas, cenotes y ríos subterráneos, debido a la ausencia de estudios y autorizaciones ambientales y, ponderando el principio precautorio que mandata la ley, un juzgado radicado en Mérida, Yucatán, concedió anoche  la suspensión provisional del Tramo 5 Sur del megaproyecto Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.

Con ello, el Juzgado 1 de Distrito radicado en Mérida, Yucatán, ordena que se “suspenda o paralice” cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo 5 Sur, “de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”.

Esta medida cautelar provisional surtirá efectos hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, se lee en el incidente dictado por el juez.

La demanda fue promovida por espeleólogos residentes en Playa del Carmen, Quintana Roo, quienes se ampararon en contra de la devastación de selva en el Tramo 5 –que va de Cancún a Tulum– que se realiza desde febrero pasado, sin estudios ni permisos.

Aunque, los estudios están en elaboración, de acuerdo con declaraciones del presidente, López Obrador; la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) no se han sometido al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) a cargo de la Semarnat, lo que violenta el marco legal.

El gobierno federal tampoco ha obtenido las autorizaciones en materia de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que mandatan la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley Forestal.

El amparo se presentó el 24 de marzo en el Juzgado Noveno de Distrito, por la asociación civil Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente (DMAS), con sede en Cancún, en representación de tres espeleólogos.

Sin embargo, fue radicado en el Juzgado Primero de Distrito, en Mérida, debido a un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que estableció que todos los asuntos promovidos en contra el Tren Maya se resolverán ahí.

Entre los actos reclamados en el amparo se incluyen las omisiones de la Profepa para frenar los trabajos realizados de manera ilegal.

Las autoridades demandadas fueron la Sedatu, el Fonatur, Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V. y la Sedena.

El juzgador advierte que los actos reclamados –las obras– son susceptibles de suspenderse, pues de no hacerlo “existe el peligro inminente que se ejecuten con daños irreversibles, pues tratándose de afectaciones a un ecosistema, por lo general cuando el daño es perceptible, ya es irreparable”.

Además dio por cierto que no existe evidencia sobre la existencia de evaluación de impacto ambiental e invocó criterios de la Primera Sala de la SCJN, que señalan que la realización de un proyecto sin la autorización de impacto ambiental “basta para considerar que se ha puesto en riesgo el ecosistema en el que se desarrollará”.

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